La existencia de los Derechos Constitucionales de las personas son en gran medida una garant�a para que el Estado no se exceda en el ejercicio de su poder para perseguir el crimen. Si un persona seria y responsable es v�ctima de un exceso de poder del Estado en alguna circunstancia en que se le impute un delito que no cometi�, tiene disponible todos los Derechos Constitucionales de nuestra sociedad democr�tica para impedir que se le procese y se le encuentre culpable por unos hechos que no cometi�. Si no existieran Derechos Constitucionales, el Estado incrementar�a su naturaleza polic�aca y totalitaria, lo que le permitir�a cometer todo tipo de abusos contra las personas respetuosas de la ley y los que en alg�n momento la violen.

La mejor alternativa de organizaci�n social demostrada por la historia de la civilizaci�n es que el Estado se restrinja en su poder, garantice los derechos de las personas que viven bajo su jurisdicci�n, permita y fomente el desarrollo econ�mico equitativo de todos y cuente con un sistema s�lido, independiente y profesional de administrar justicia que utilice una sola vara para medir a todos sin distinci�n de raza, origen, condici�n social o econ�mica, ideas pol�ticas, religiosas, g�nero, preferencia sexual, origen nacional o impedimento.

Cuando se incurre en conducta criminal o se comete un delito, la polic�a y el Ministerio P�blico son los encargados de investigar y promover la acci�n criminal en contra de la persona que se alega cometi� los hechos prohibidos por ley. Esta investigaci�n incluye la entrevista de todos aquellos testigos que presenciaron o puedan ofrecer alguna informaci�n en torno al delito cometido, fotografiar el lugar de los hechos o aquellos objetos pertinentes a la investigaci�n, incautar cualquier evidencia necesaria para demostrar la comisi�n del delito, etc. En esta etapa el Estado puede solicitar una declaraci�n a la persona sospechosa de la comisi�n del delito, pero tiene el derecho a permanecer callado y no declarar.

Toda persona sospechosa en la que el Estado haya centrado su investigaci�n y se le detenga e interrogue, tiene derecho a permanecer callada, ya que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. La persona puede declarar si renuncia a su derecho libre, voluntariamente y con conocimiento del contenido de la protecci�n constitucional contra la autoincriminaci�n. Por eso existe la obligaci�n del Estado de hacer las advertencias de Miranda v. Arizona que incluyen adem�s el derecho a la asistencia de abogado y que si la persona no tiene medios econ�micos para pagarlo, el Estado le proporcionar� uno libre de costo. Es sumamente importante que durante todas las etapas del proceso criminal las personas sospechosas o imputadas de delito est�n asistidas de abogado o abogada para que pueda defender y garantizar todos sus derechos. 

Luego de esta investigaci�n inicial y de existir prueba suficiente para demostrar que alguna persona en particular cometi� un delito, se procede a la presentaci�n de una denuncia ante un juez o jueza para la determinaci�n de causa probable para arresto.

La denuncia es un documento que prepara usualmente la polic�a despu�s que ha realizado la investigaci�n de la conducta delictiva. Esta investigaci�n en muchas ocasiones se hace en consulta con un abogado o abogada perteneciente al Ministerio P�blico o como com�nmente se le conoce, un o una fiscal. La denuncia contiene una relaci�n sencilla de los hechos y la persona que los cometi�. Debe contener todos los elementos esenciales del delito que se imputa. 

Todo proceso criminal comienza con la determinaci�n de causa probable para el arresto o citaci�n de una persona. Esta determinaci�n de causa probable la realiza un juez o jueza mediante la celebraci�n de una vista. A la vista generalmente comparece la polic�a y los testigos principales. A esta vista tambi�n debe comparecer el imputado o la persona a quien se va a acusar del delito si es que �ste pudo ser localizado y citado. La comparecencia del imputado o imputada es fundamental para que pueda contradecir la prueba en su contra y aportar prueba a su favor. Por eso es una obligaci�n del tribunal verificar las razones por las cuales la persona imputada no compareci�. Sin embargo, en ciertos casos en que las circunstancias lo requieren y justifican, el Ministerio P�blico puede someter el caso sin testigos utilizando declaraciones juradas y a�n sin citar al imputado. Esto requiere que el Ministerio P�blico establezca las razones que existen que impiden la citaci�n. Esto convierte la vista en un tr�mite inquisitorial. Es decir, unilateral, sin prueba oral e injusto. Esperamos que el nuevo proyectos de Reglas de Derecho Procesal Penal pueda implantar el imperativo de que se cite a la persona imputada a la vista de causa probable y que se atempere la indefensi�n que ocasiona el que se celebre la vista con s�lo declaraciones juradas.

La persona citada a una visa de causa probable tiene derecho a representaci�n profesional. Es una imprudencia comparecer a una vista de esta naturaleza sin la ayuda de un abogado o abogada. En esta vista de determinaci�n de causa probable el tribunal escuchar� la declaraci�n de los testigos y determinar� si existe suficiente evidencia que pueda vincular a la persona imputada de delito con los hechos que lo constituyen. Claro est�, no se trata de un juicio en su fondo y la ley lo que exige es que se presente una m�nima prueba en torno a todos los elementos del delito. El criterio de prueba es causa probable de que se cometi� el delito y de que la persona imputada lo cometi�.

El prop�sito de la vista de causa probable es evitar que personas inocentes, o contra las cuales no existe prueba de la comisi�n de un delito, sean sometidas sin justificaci�n al rigor de un juicio por una causa criminal. Es el filtro de protecci�n entre el Estado y los ciudadanos. Si el tribunal que interviene en la vista de determinaci�n de causa probable entiende que no existe causa probable para arrestar o citar a una persona e iniciar un proceso en su contra por la comisi�n de un delito, realizar� una determinaci�n de "no causa" y dejar� en libertad a la persona imputada.

Si el Estado, representado por la polic�a y el Ministerio P�blico, no estuvieran conformes con esa determinaci�n de no causa probable, puede recurrir a un tribunal de superior jerarqu�a para presentar la misma prueba o prueba adicional en torno a la comisi�n de dicho delito para que la eval�e y pueda emitir una determinaci�n de causa probable. Esto es lo que se conoce en el procedimiento criminal como una vista de causa probable en alzada. Si en esta segunda vista de determinaci�n de causa probable el tribunal resuelve que no existe prueba suficiente, deber� realizar una determinaci�n de no causa. Esta determinaci�n es final e inapelable para las partes, dejando en plena libertad a la persona imputada de delito.

En los casos de delitos menos graves en que se realice una determinaci�n de causa probable, se procede a la citaci�n de la persona imputada para el acto del juicio. En aquellos casos de delito grave se expedir� una orden de arresto con la fijaci�n de una fianza para garantizar su comparecencia a la siguiente etapa del proceso criminal que es la celebraci�n de la vista preliminar. Una vez se expide una orden de arresto contra una persona, puede diligenciarse por la polic�a de Puerto Rico o por los alguaciles del Tribunal poniendo bajo su custodia a la persona imputada hasta que preste la fianza. 

En todos los casos de delito en Puerto Rico la persona acusada tiene derecho al beneficio de prestar una fianza para permanecer en libertad hasta la celebraci�n del juicio en su fondo. La fianza es una garant�a que se deposita en el Tribunal, en efectivo o mediante la prestaci�n de alg�n otro bien suficiente, que tiene el prop�sito de asegurar que el acusado comparezca al juicio. Es decir, si a una persona se le impone una fianza de $10,000, al depositarla en efectivo en la Secretar�a del Tribunal ser� puesto en libertad y podr� permanecer as� hasta el acto de dictar sentencia. Si esta persona no comparece el d�a del juicio o a cualquier se�alamiento del caso, la fianza puede confiscarse y declararse pr�fuga de la justicia acarreando esto mayores consecuencias. Por otro lado, si la persona comparece el d�a del juicio, no importa el resultado (culpable o absuelta), la fianza le ser� devuelta una vez concluya el proceso. Si la persona acusada de delito grave no puede prestar la fianza impuesta, deber� permanecer en la c�rcel hasta tanto se celebre el juicio, pero no por un t�rmino mayor de seis meses.

Luego del arresto de la persona acusada de delito grave se celebrar� la vista preliminar. En esta vista el Ministerio P�blico presentar� al Tribunal los testigos y evidencia necesaria para demostrar la probabilidad de que se cometieron los hechos que establecen elementos del delito y que la persona imputada de delito es el autor. El Tribunal evaluar� la prueba que se le presente y har� una determinaci�n de si existe o no suficiente evidencia para acusar a la persona imputada. Igual que en los procedimientos anteriores, si el Tribunal determina que no existe causa probable para acusar, el Estado podr�a acudir en una vista preliminar en alzada. 

Hay que distinguir la vista de causa probable bajo la Regla 6 de la Vista Preliminar de la Regla 23 de las de procedimiento criminal. Bajo la Regla 6 hay que establecer causa probable para el arresto o citaci�n para el tr�mite penal. En la Vista Preliminar hay que establecer causa probable pero a fines de determinar si vale la pena o se justifica someter a la persona imputada a los rigores de un juicio penal. El criterio de prueba sigue siendo muy flexible en ambas instancias, pero en el caso de la Vista Preliminar el tribunal debe determinar si es probable que el Ministerio P�blico pueda probar su caso m�s all� de duda razonable. Por eso, la prueba presentada en la Vista Preliminar sobre los elementos del delito debe ser admisible en el juicio. Si el Tribunal determina que la prueba que se presenta en la Vista Preliminar no satisface los criterios de admisibilidad del juicio, debe determinar que no existe causa probable y archivar el caso.

Si en la vista preliminar original o en la vista preliminar en alzada el Tribunal determina que existe causa probable para acusar al imputado por la comisi�n del delito, �ste ser� citado para el acto de lectura de acusaci�n. En esta vista se le notifica formal y oficialmente al acusado los hechos que se le imputan as� como el delito establecido en la ley. A partir de este momento, la persona a quien hemos llamado imputada de delito se convierte en acusada.

Una vez acusada la persona, puede escoger entre alcanzar una alegaci�n preacordada para declararse culpable por el delito imputado en la acusaci�n o por uno menor para evitar una sentencia de c�rcel o una m�s prolongada. El tribunal puede aceptar o rechazar la alegaci�n de culpabilidad. Si la acepta, dicta sentencia. Si la rechaza, ordena la celebraci�n del juicio.

La siguiente etapa del proceso criminal es el juicio, que discutiremos en nuestro pr�ximo art�culo.

Si tiene duda sobre estos asuntos no dude en comunicarse con las oficinas del Bufete Emmanuelli, C.S.P. al 787-848-0666. www.bufete-emmanuelli.com