Existen dos grandes grupos de acciones judiciales. Las acciones civiles, aquellas que se refieren a una controversia generalmente entre partes privadas; y las acciones criminales, aquellas controversias entre el Estado y un ciudadano en que se le imputa la violaci�n de una ley de naturaleza penal. Aunque en t�rminos generales, el proceso judicial de estos dos tipos de acciones tiene muchas semejanzas, las diferencias hace necesaria una exposici�n detallada sobre el proceso civil y el proceso penal.

Una vez surge una controversia entre partes privadas, por ejemplo, cuando una parte le ocasiona da�os a otra en forma intencional o negligente, se puede recurrir a una abogada o abogado para que interponga una acci�n judicial civil que pueda conseguir la compensaci�n por los da�os sufridos.

Cuando la persona que sufri� los da�os visita al abogado o abogada de su preferencia, tratar� de obtener toda la informaci�n necesaria para la tramitaci�n del caso. Por ejemplo: c�mo ocurri� el accidente, cu�les son los testigos, en qu� consisten sus declaraciones, cu�l es la prueba material o documental con que se cuenta, etc. Una vez se eval�a toda la prueba disponible, emite una opini�n sobre si existe una reclamaci�n v�lida, cu�l es el tribunal que tiene la competencia sobre la reclamaci�n y cu�nto es la suma que debe reclamarse en la acci�n como compensaci�n por los da�os. Hecha esta investigaci�n y determinaciones, el abogado o abogada contrata los servicios profesionales con el cliente y procede a redactar una demanda que inicia la acci�n judicial. 

La demanda se presenta en la Secretar�a del tribunal que tenga competencia sobre dicho asunto. La competencia se delimita por territorio, materia, residencia de las partes, etc. La demanda expone todas las circunstancias que ameritan el que el tribunal conceda el remedio solicitado. Por ejemplo, en el caso que estamos discutiendo, para establecer que existe derecho a remedio compensatorio por los da�os sufridos, es necesario establecer que ocurri� un acto del demandado o demandada realizado con culpa (intenci�n) o negligencia; y que dicho acto ocasion� los da�os que se reclaman en la demanda. La demanda debe incluir una suma aproximada de la cuant�a que se requiere para guiar la discreci�n del tribunal al evaluar los da�os sufridos. Esta suma es muy dif�cil de determinar a�n para los abogados y abogadas porque puede partir de criterios subjetivos, particularmente en el campo de las lesiones f�sicas o emocionales, y solamente tendr� vigencia una vez el tribunal la establezca mediante la correspondiente Sentencia o si se llega a una transacci�n con la parte demandada. 

Cuando se radica la demanda en el tribunal, se recibir� copia con unos documentos denominados emplazamientos. Los emplazamientos son los documentos que se utilizan para certificar que se le ha notificado personalmente al demandado o demandada copia de la demanda. Mediante el proceso de emplazar es que el tribunal adquiere jurisdicci�n sobre una parte. La jurisdicci�n en este caso es lo que permite que el tribunal pueda tomar determinaciones que afecten o beneficien los derechos de las partes. Un defecto sustancial en el emplazamiento puede anular el tr�mite o puede hacer nula una sentencia que dicte el tribunal. 

Una vez la parte demandada ha sido emplazada, �sta debe contestar la demanda en un t�rmino de 30 d�as. Hay que notar que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuenta con un t�rmino de 60 d�as para contestar la demanda. La contestaci�n a la demanda expondr� los hechos que constituyan una defensa a las alegaciones de la demanda y las cuestiones de derecho que entienda la parte demandada que son indispensables para que el tribunal pueda adjudicar en forma justa la controversia. Adem�s, la contestaci�n puede contener una reconvenci�n o una contrademanda como se conoce com�nmente. La reconvenci�n puede ser sobre los mismos hechos o sobre otros no relacionados a los de la demanda.

Cuando se contesta la demanda, los abogados debe coordinar una reuni�n para preparar el informe de manejo del caso para luego reunirse con el tribunal para coordina los tr�mite del caso. Adem�s, comienza un t�rmino que en promedio puede variar entre 60 d�as y 1 a�o de duraci�n, en el cual las partes recurrir�n a diferentes mecanismos que provee la ley para obtener toda la prueba disponible relacionada con la controversia. Entre los mecanismos de descubrimiento de pruebas se encuentran los interrogatorios, ex�menes m�dicos, las deposiciones y producciones de documentos.

Finalizado este t�rmino que se denomina per�odo de descubrimiento de prueba, se debe realizar una reuni�n en la cual los representantes de las partes discutir�n todos los aspectos de la controversia con el fin de llegar a un entendido o acuerdo de transacci�n, o con el prop�sito de prepararse para la Conferencia con Antelaci�n al Juicio.

La Conferencia con Antelaci�n al Juicio es una reuni�n entre los abogados y abogadas de las partes y el juez, donde se discutir� a fondo el caso con el fin de hallarle soluci�n a la controversia sin tener que recurrir a juicio, o de lo contrario, para discutir el informe o detalle escrito de c�mo ser� que se realizar�n los procedimientos del caso. En el informe se establecer� cu�les son los testigos que se van a utilizar, cu�l es la prueba disponible, si las partes tienen objeci�n a la presentaci�n de dichos testigos o pruebas, etc. En la Conferencia con Antelaci�n al Juicio se se�alar� la fecha en que va a celebrarse el juicio. 

Una vez llega la fecha del juicio, las partes comparecen al tribunal con sus testigos y pruebas. El tribunal dictar� una sentencia que recoger� los hechos que entendi� que las partes probaron y aplicar� las normas de Derecho pertinentes para llegar a una soluci�n justa. La parte que pierde el caso debe pagar los gastos incurridos por la parte victoriosa en la tramitaci�n del pleito, y si procedi� con temeridad, por ejemplo, sabiendo que no ten�an raz�n, una suma razonable para compensar por los honorarios que tuvo que pagarle a sus abogados. La cuant�a de honorarios el tribunal la fija discrecionalmente y no tiene que ser equivalente a lo que se gast� realmente. De hecho, en la mayor�a de las ocasiones es mucho menor. 

Si la sentencia impone una compensaci�n monetaria, se generan intereses desde la radicaci�n de la demanda si existe temeridad, o en caso contrario, desde que se dicta la sentencia.

La sentencia puede revisarse por la parte que entienda que fue afectada recurriendo a un tribunal de mayor jerarqu�a conocido como Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. De no realizarse el tr�mite de apelaci�n, y despu�s de haber transcurrido el t�rmino que es de 30 d�as, la parte victoriosa en la controversia puede solicitar del tribunal que proceda en su auxilio para la ejecuci�n o cumplimiento de la sentencia. En el caso de da�os y perjuicios que estamos comentando, el �nico modo que permiten las leyes de Puerto Rico para cobrar una suma de dinero es mediante el embargo de bienes en una cantidad suficiente para el pago o satisfacci�n de la sentencia. De no efectuarse el pago en efectivo, los bienes embargados ser�n subastados en un procedimiento formal de subasta y la suma que se obtenga ser� acreditada al balance pendiente seg�n lo dispuesto en la sentencia. Una vez se subastan bienes suficientes para el pago de la sentencia, el caso ha concluido.

Existen casos en los cuales la persona perjudicada por un tr�mite de ejecuci�n de sentencia puede revisar el expediente judicial para determinar si el tribunal ten�a jurisdicci�n al dictarse la sentencia. Esto es particularmente importante si la persona no se enter� del tr�mite en su contra porque fue emplazada por edictos. En este tipo de casos la validez de la sentencia depende de una serie de tr�mites estrictos que si no se siguen violan el debido proceso de ley de la parte demandada. Bajo estas circunstancias, parte demandada puede pedir la reapertura del caso o la impugnaci�n de los tr�mites de ejecuci�n de sentencia.

Si lo tr�mites que ha seguido el tribunal se ajustan al debido proceso de ley, puede ser que la �nica manera de evitar la ejecuci�n de la sentencia sea si se cumplen con las estrictas disposiciones de la ley de quiebras federal. Si ese es el caso, el tribunal federal de quiebras emitir� una orden de paralizaci�n de la ejecuci�n de la sentencia y asumir� jurisdicci�n sobre el caso para determinar la manera en que se distribuir�n lo activos de la persona quebrada y c�mo se pagar�n las deudas.

Si tiene duda sobre estos asuntos no dude en comunicarse con las oficinas del Bufete Emmanuelli, C.S.P. al 787-848-0666. www.bufete-emmanuelli.com