De acuerdo a Virgina Sloan, Presidenta de The Constitution Project (TCP) "la decisión es una importante victoria para todas las personas sentenciadas sin contar con una adecuada defensa, especialmente en casos de pena de muerte". Hinton fue representado en apelación ante la Suprema Corte por Bryan Stevenson, litigante de la organización Equal Justice Initiative.

 

En un "amicus curiae" presentado en octubre pasado, TCP argumentó que el hecho de que los abogados de Hinton no hubieran contratado a un perito calificado violó su derecho a contar con la asesoría de un abogado, tal y como lo prescribe la Sexta Enmienda. Según el texto del "amicus", esta situación "resultó en un proceso viciado y en que una persona inocente fuera condenada a muerte". TCP preparó este "amicus curiae" con la asistencia pro bono del despacho Sidley Austin.

 

Hinton fue arrestado en 1985, acusado de haber dado muerte -por disparos de arma de fuego- a dos personas en dos restaurantes de comida rápida cerca de Birmingham, Alabama. Los dos homicidios no guardaban relación entre sí. En ninguno de los casos hubo testigos presenciales y las huellas dactilares obtenidas en las escenas de los crímenes no coincidieron con las de Hinton. Hinton fue sentenciado a la pena máxima solo con base en reportes balísticos, los cuales de acuerdo a las National Academies of Science y el FBI eran poco confiables. 

 

El abogado de oficio de Hinton reconoció antes del juicio que los peritos que había contratado para defenderlo de las pruebas presentadas por el fiscal no eran competentes, pero que supuso que no podría obtener fondos necesarios para contratar a expertos más calificados. La suposición del abogado era incorrecta ya que de haber investigado el marco legal de Alabama se hubiera percatado que, de acuerdo a las leyes de ese estado, los tribunales están obligados a otorgar una cantidad razonable para la contratación de especialistas. 

 

El "amicus curiae" que presentó TCP destaca que el derecho a asesorarse por un abogado incluye el derecho a contar con un profesional en materia legal, adecuadamente enterado de la información científica necesaria para defender el caso. Igualmente, el "amicus" señala que la asesoría legal es inefectiva cuando el abogado falla en contratar peritos especializados que refuten el peritaje presentado por la fiscalía estatal. 

 

La Suprema Corte estuvo unánimemente de acuerdo con la postura de TCP, sin solicitar una audiencia para ventilar este asunto. El caso fue regresado a un tribunal estatal el cual determinará los alcances de los vicios en el procedimiento.