Developments in Policy
The U.S. Senate has not yet voted on the Senate
Foreign Operations Bill which outlines 2007 U.S.
funding for Colombia. When Congress returns from
recess in mid-November the Senate is expected to
pass the bill, which will then likely move rapidly
through the Conference Committee.
The Colombian Commission of Jurists (Comisión
Colombiana de Juristas) recently released a memo
outlining decree 3391?a code regulating the Justice
and Peace law (Law 975). The code provides legal
framework for Colombia?s paramilitary
demobilization. The memo explains that decree 3391
provides various avenues by which demobilized
paramilitaries may obtain sentences of fewer than
five years for crimes committed. First, the decree
allows up to an 18 month reduction in sentencing for
time spent at Santa Fe de Ralito?the center where
paramilitary leaders and state representatives
negotiated conditions of the demobilization. Second,
demobilized paramilitaries who choose to participate
in productive projects may receive reduced sentences
for their work. Lastly, and perhaps most alarmingly,
the decree offers paramilitaries the option to serve
prison time in installations of the public security
forces rather than in prison.Given the historic
collaboration between paramilitaries and State
security forces, this last provision could guarantee
that demobilized paramilitaries are able to maintain
their close connections with military and police
personnel throughout Colombia.
U.S. Media News on Colombia
The Miami Herald and Washington Post report that on
October 26, 2006 Cali drug cartel leaders Gilberto
and Miguel Rodríguez Orejuela were sentenced to 30
years in prison and forced to forfeit $2.1 billion
in assets. The brothers, once in charge of a cartel
responsible for nearly 80% of all cocaine entering
the U.S, pleaded guilty in a Miami court to
conspiring to smuggle cocaine into the United
States. They also pleaded guilty to a separate
indictment in New York that charged them with
laundering drug profits. The brothers pleaded guilty
only after reaching an agreement with prosecutors to
drop money laundering charges against six of their
family members and allow 28 other relatives to keep
assets not acquired with drug money.
The Sun Times explains that a number of
recent scandals involving the Colombian Armed Forces
have tarnished their image at the national and
international level. One high-ranking officer has
been charged with the murder of six innocent people
in a fake rescue mission. This took place shortly
after a fatal car-bombing carried out on the eve of
Alvaro Uribe?s presidential inauguration in August
and after the murder of 10 DEA-trained counter
narcotics officers. Both crimes are being linked to
the military.
On October 13, 2006 Reuters
reported that files found on the personal computer
of right-wing paramilitary leader Rodrigo Tovar,
alias ?Jorge 40?, revealed that his illegal
activities continued even while negotiating with the
Colombian government. The files show ?Jorge 40?s?
involvement in the murder of 558 individuals. In
addition, emails reveal that Jorge 40 arranged for
peasants to act as paramilitaries during the
demobilization process, thereby allowing real
paramilitaries to continue carrying out criminal
activities. This recent scandal could undermine the
legitimacy of President Uribe?s controversial
demobilization process with the paramilitaries which
has been a cornerstone of his public policy this year.
El Centinela de la política colombiana en los EE. UU.
Una publicación bilingüe y quincenal de
U.S. Office on Colombia
Desarrollos en la política Estados Unidos
? Colombia
El Senado de los Estados Unidos no ha votado aun el
proyecto de ley del Senado sobre operaciones
extranjeras, el cual prescribe los fondos de ayuda
hacia Colombia para el año 2007. Cuando el Congreso
regrese de su receso, a mediados de noviembre, se
espera que el Senado apruebe el proyecto de ley, el
cual probablemente se moverá de manera
rápida a
través del Comité Conferencia.
La
Comisión Colombiana de Juristas recientemente
lanzó
un comunicado analizando el decreto 3391?una norma
que regula la ley de Justicia y Paz (Ley 975). La
norma provee el marco legal para la
desmovilización
de paramilitares en Colombia. El comunicado explica
que el decreto 3391 estipula varios caminos por los
cuales los paramilitares desmovilizados pueden
obtener sentencias menores a cinco años por los
crímenes cometidos. Primero, el decreto permite
hasta 18 meses de reducción en la sentencia por el
tiempo permanecido en Santa Fe de Ralito?el centro
donde los líderes y representantes del estado
negociaron las condiciones de desmovilización.
Segundo, los paramilitares desmovilizados que
decidan participar en proyectos productivos pueden
recibir sentencias reducidas por este trabajo.
Finalmente, y tal vez lo más alarmante, el decreto
ofrece a los paramilitares la opción de servir el
tiempo de prisión en instalaciones de fuerzas de
seguridad en lugar de prisiones. Dada la
colaboración histórica entre paramilitares y
fuerzas
de seguridad del estado, esta provisión
podría
permitir que los paramilitares desmovilizados
mantengan sus conexiones cercanas con personal
militar y de policía en todo el país.
Antes
de la publicación del decreto 3391, hubo serias
preocupaciones sobre si el decreto clasificaría el
paramilitarismo como crimen político y, por lo
tanto, preservaría el derecho de los paramilitares
desmovilizados a poseer oficinas políticas en el
futuro y evitar la extradición. Aunque la
versión
final del decreto no clasifica el paramilitarismo
como crimen político, este ha sido sin embargo
recibido con severas críticas por el hecho de
favorecer a los paramilitares sobre los derechos de
las víctimas. Para más información en
español sobre
el proceso de desmovilización visite
http://www.coljuristas.org/inicio.htm.
Acciones de los Activistas
Una delegación ecuménica de líderes de
la Fundación
Para la Paz y el Desarrollo de los Montes de Maria
completó recientemente un tour de dos semanas de
diálogos en los Estados Unidos. El Arzobispo Nel
Beltran, el Padre Rafael Castillo y el Señor Ricardo
Esquivia se reunieron con ciudadanos
estadounidenses, líderes de la iglesia y políticos
en Washington, DC, Chicago y Nueva York con el fin
de discutir su trabajo y buscar apoyo en caminos
alternativos para conseguir la paz y la seguridad en
Colombia. El tour fue apoyado por U.S. Office on
Colombia, Church World Services, Lutheran World
Relief, Catholic Relief Services y la Union de
Iglesias de Cristo.
Witness for Peace(Acción
Permanente por la Paz)esta
actualmente completando dos tours de conversaciones
en las regiones del sureste y nordeste de los
Estados Unidos. Luz Marina Peñalosa está
hablando a
la audiencia acerca de su trabajo en la industria de
flores y de los impactos que el acuerdo de libre
comercio tendrá sobre los derechos de los
trabajadores en Colombia. Freddy Urbano y Rene Chaux
de COSURCA, una cooperativa de caficultores de
Colombia, están exponiendo los efectos dañinos
de la
fumigación sobre los proyectos de la cooperativa.
Para leer un reporte completo sobre COSURCA y los
impactos de la fumigación sobre su trabajo, visite
http://www.witnessforpeace.org/pdf/CosurcaReport2005.pdf.
El Centro para Política Internacional
recientemente lanzó gráficos estadísticos
describiendo niveles de pobreza, crecimiento de
cultivos de coca, fumigación y gastos en
desarrollo
alternativo realizados por departamento en Colombia.
Para observar los gráficos visite:
http://www.ciponline.org/colombia/blog/archives/000323.htm
Medios
El Miami Herald y el Washington Post reportaron que
en Octubre 26 de 2006 los líderes del cartel
de Cali
Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela fueron
sentenciados a 30 años de prisión y obligados a
entregar U$2.100 millones en bienes. Los hermanos,
una vez líderes del cartel responsable de introducir
cerca del 80% de toda la cocaína negociada en los
Estados Unidos, confesaron su culpabilidad ante una
corte en Miami por conspiración de contrabando de
cocaína hacia los Estados Unidos. También confesaron
su culpabilidad por un cargo separado de una corte
en Nueva York que los acusaba de lavado de activos
provenientes del negocio de la droga. Los hermanos
confesaron su culpabilidad solo después de
alcanzar
un acuerdo con los fiscales que permite precluir
cargos de lavados de activos en contra de seis
miembros de su familia y permite a 28 de sus
parientes mantener bienes no adquiridos con dinero
proveniente de la droga.
El Sun Times explica
que un número de escándalos recientes que
envuelven
a miembros de las fuerzas armadas colombianas ha
empañado su imagen a nivel nacional e internacional.
Un alto oficial ha sido acusado por homicidio de
seis personas inocentes en una misión de rescate
simulada. Esto sucedió luego de que un fatal carro
bomba explotara en el evento de posesión
presidencial de Álvaro Uribe en agosto y luego de la
muerte de 10 oficiales anti-narcóticos entrenados
por la DEA. Ambos crímenes han sido relacionados con
los militares.
En octubre 13, 2006 Reuters
reportó que los archivos encontrados en el
computador personal del líder paramilitar de
derecha
Rodrigo Tovar, alias ?Jorge 40?, reveló que sus
actividades ilegales continuaron en las
negociaciones con el gobierno colombiano. Los
archivos muestran que ?Jorge 40? está
involucrado en
la muerte de más de 558 personas. En
adición a estos
e-mails encontrados revelan que Jorge 40
negoció con
campesinos con el fin de actuar como paramilitares
durante el proceso de desmovilización, con lo
que se
permitía que los paramilitares reales continuaran
realizando sus actividades criminales. Este
escándalo reciente podría debilitar la legitimidad
del proceso de desmovilización del presidente
Uribe
con los paramilitares, el cual ha sido la piedra
angular de su política pública este año.
